El pasado 27 de octubre, Junts pel Sí y las CUP presentaron una
propuesta de resolución al Parlament que incluye “la declaración
solemne del inicio de creación del estado catalán en forma de
república”, (…) la proclamación de “la apertura de un proceso
constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo
para preparar las bases de la futura constitución catalana” (…)
insistiendo en que el “proceso de desconexión democrático no se
supeditará a las decisiones de las instituciones del estado
español”.
Las declaraciones por parte de las fuerzas políticas del régimen
del 78 y de organizaciones como C's, que sólo pretenden rejuvenecer
al régimen para que al final nada cambie, no se han hecho esperar.
El propio presidente del gobierno del estado español compareció
para dejar claro que “tienen resortes para abordar cualquier
declaración del Parlament” sin descartar la suspensión de la
autonomía de Cataluña amparada en el artículo 155 de la
Constitución. En cuanto al portavoz del grupo popular en el
Parlamento, Rafael Hernando, ha subrayado que "quienes desafíen
al Estado de Derecho saben que todo el peso del Estado de Derecho
caerá sobre ellos y que con la soberanía nacional no se juega,
porque no es fraccionable, fracturable ni está en liquidación".
En lo que se refiere al PSOE, Pedro Sánchez ha hablado de rechazo
categórico del "desafío antidemocrático secesionista" y
que “apoyará cualquier medida legal del Ejecutivo que sigan su
propuesta de ley, diálogo y política”. Por último, las
declaraciones de Albert Rivera y de C's han ido en el mismo sentido
de defensa de la unidad de España y del status quo vigente
oponiéndose frontalmente e insistiendo en que “la declaración
separatista de Mas, ERC-CUP es un desafío a la democracia y a la
convivencia".
Hasta ahí nada nuevo bajo el sol. Negación del derecho de
autodeterminación de los pueblos del estado español y de una
posible declaración de independencia. Pero, ¿por qué se oponen
estos partidos realmente? Pues porque saben que lo que está en juego
no es solamente la independencia del pueblo catalán sino también el
propio régimen del 78, su transición pactada con la Monarquía a la
cabeza. La lucha por la emancipación nacional de Catalunya puede
llevar consigo muchas otras luchas. De ahí que hayan votado en
contra de dicha resolución C's, PP y PSC el pasado 9 de noviembre.
Hay que destacar aquí el papel de Catalunya Si que es Pot (Podemos e
ICV) que se ha alineado con dichos partidos del régimen votando
también en contra. Podemos cierra así una semana “gloriosa” en
la que fichaba en su lista para las elecciones generales a un ex Jefe
del Estado Mayor de la Defensa (con ZP como presidente de gobierno)
que llegó a justificar el bombardeo en Libia y pro OTAN y a Pérez
Royo que defendió en el 2011 la reforma express del artículo 135
pactada por el PP y el PSOE que limitaba el déficit público.
Hay que defender el derecho de los pueblos a decidir su futuro pero
ligándolo también a la cuestión social y con un proyecto de
sociedad independiente al de la burguesía catalana.
La propuesta de resolución presentada por Junts pel Sí y las CUP es
totalmente legítima. Hay que defender que se pueda debatir dicha
propuesta. En el caso de que fuese aprobada y de que el Estado
Español intervenga para impedir su puesta en vigor, habrá que
movilizarse en defensa de un derecho democrático básico. Decir eso
no significa que seamos aliados de Artur Mas y de Convergencia
Democrática de Catalunya (CDC). Nada más lejos de la realidad. Es
más, pensamos que un proceso constituyente dónde se ponga sobre la
mesa la cuestión del un referéndum vinculante para decidir el
futuro del pueblo catalán debería ir de la mano de una movilización
dónde se hable de un plan de emergencia social que ponga encima de
la mesa la cuestión de qué tipo de república catalana construir
para defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora y de
la juventud. Esto último es incompatible con los intereses de la
burguesía catalana ya que significa poner sobre la mesa la cuestión
de las políticas anti sociales y de recortes llevados a cabo por el
anterior Gobierno de Más y de Esquerra Repúblicana.
Se trata por tanto de ser firmes tanto en el derecho que tienen los
pueblos a poder determinar su futuro como en la necesaria
movilización de la clase trabajadora y de la juventud para imponer
unas medidas de urgencia que nos aseguren un reparto de las riquezas,
un empleo, un salario digno, una vivienda digna y unos servicios
públicos de calidad. La cuestión catalana permite a día de hoy
poner en entredicho el status quo del régimen del 78 y por lo tanto
también sus instituciones. El derecho democrático del pueblo
catalán a decidir su futuro puede ayudar a avanzar sobre otras
cuestiones como el modelo de estado, la cuestión de la legitimidad
que tienen la patronal y los gobiernos de turno para destrozar
nuestras vidas acaparando cada vez más riquezas o incluso el tipo de
sociedad que queremos. Para alcanzar esos objetivos, hay que ligar
ese derecho a la lucha del conjunto de la clase trabajadora del resto
del estado en favor de su propia emancipación como clase social.
Esa relación es la que aún no acaban de entender organizaciones
como PODEMOS e IU que parecen -con matices- cerrar filas entorno a
los demás partidos del régimen oponiéndose y denunciando la
propuesta de resolución presentada por Junts pel Sí y por las CUP.
Defender esa orientación es no entender que a día de hoy puede ser
que Catalunya sea el eslabón más débil del régimen del 78 y del
conjunto de las instituciones que emanan del mismo. Y que por tanto
acabar con el régimen pasa, hoy, por defender el derecho de
catalunya a decidir su futuro.
